El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, adelantó los alcances de la medida durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda (QNMP), el martes 22 de abril.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió este miércoles el Instructivo 07/2025, una disposición que reafirma su compromiso con la defensa de la democracia y el orden constitucional en Bolivia, al tiempo que advierte con iniciar procesos legales contra jueces cuyas resoluciones pongan en riesgo la estabilidad democrática.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, adelantó los alcances de la medida durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda (QNMP), el martes 22 de abril. “El Órgano Judicial se debe al pueblo.
“La Constitución permite iniciar acciones legales concretas contra jueces que realicen acciones, que no solo pongan en riesgo la legalidad en el país, sino, que causen daño económico al Estado. Este proceso eleccionario ya está erogando recursos del pueblo y una decisión que un juez asuma, no puede disponer de estos recursos, es por eso que decimos que vamos a tomar las acciones legales correspondientes y es por eso que estamos previendo, a través de un instructivo para que mañana no se sorprendan”, sostuvo Saucedo, quien aseguró que al margen de las acciones legales habrá la condena social por parte del pueblo.
“No debemos ser cómplices de intereses mezquinos que pongan en riesgo la democracia”, afirmó.
La Sala Plena del TSJ exhortó a todas las autoridades judiciales del país a actuar con conciencia y responsabilidad frente al proceso electoral previsto para el 17 de agosto de 2025, enfatizando que cualquier intento de frenar o distorsionar el calendario electoral será interpretado como una amenaza al orden democrático.“El incumplimiento a estos criterios fundamentales podrá dar lugar a acciones legales contra aquellas autoridades que, mediante sus resoluciones, intenten desestabilizar el orden constitucional establecido”, señala el instructivo.
Saucedo recordó que el Estado ya ha destinado importantes recursos públicos para la realización de las elecciones, por lo que decisiones judiciales que pretendan detener el proceso podrían constituir no solo una falta jurídica, sino también un perjuicio económico.“La Constitución permite iniciar acciones legales contra jueces que causen daño al Estado. Este proceso eleccionario ya está erogando recursos del pueblo”, subrayó.
Finalmente, el presidente del TSJ aseguró que el poder judicial no solo hará cumplir las normas legales, sino que responderá también a la condena social. “La justicia es un mandato del pueblo boliviano, y no permitiremos que se vulnere la voluntad popular”, concluyó.
El Instructivo 07/2025 ya fue remitido a los tribunales del país, y marca un precedente importante en el rol del Órgano Judicial como garante de la institucionalidad democrática.
